El programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional ha lanzado recientemente el Indice de Integridad en la Defensa Nacional, que mide el grado de riesgo de corrupción y vulnerabilidad en el área de la defensa nacional de los países, con el fin de prevenir el riesgo de corrupción en este sector.
La evaluación cubre 82 países, seleccionados de acuerdo al tamaño de su intercambio de armamento, al tamaño absoluto y per cápita de su ejército, y a una estimación del tamaño de su sector de seguridad. Cada país fue evaluado en cinco áreas de riesgo: político, financiero, de personal, operacional y adquisiciones. Los países están clasificados por bandas. El nivel de riesgo de corrupción asociado con cada banda va desde A (muy bajo) a F (crítico).
Sólo dos países, Australia y Alemania, tienen altos niveles de transparencia y actividad institucional robusta para afrontar el riesgo de corrupción (Banda A).
Esto prueba que las medidas anti corrupción en defensa todavía están en una etapa muy incipiente.Alrededor de un 30% de los países tienen una transparencia entre alta y/o moderada, con cierta actividad para afrontar riesgos de corrupción, pero con limitaciones (Bandas B y C). El resto de las naciones tiene resultados mediocres, con 57 de los 82 países (69%) clasificando dentro de las tres bandas inferiores D, E y F. Aquí se incluyen 20 de los 30 mayores importadores de armamento a nivel mundial, y 16 de los 30 mayores exportadores de armas. Este resultado muestra que el control de riesgo en defensa es precario, con la correspondiente alta vulnerabilidad de caer en la corrupción. Chile, en tanto, se ubica en la banda C, esto es, “riesgo moderado” de corrupción. Nueve países (11% de la muestra) cuentan con menor riesgo de corrupción que Chile, ubicándose en las bandas A y B, mientras que nuestro país comparte posición con otras 15 naciones, entre los cuales se encuentran, de la región, Argentina, Brasil y Colombia.
Desde el punto de vista político, de acuerdo al estándar de Transparencia Internacional, el ideal es que el Parlamento fiscalice la política de defensa y apruebe o rechace las leyes, el presupuesto, las compras y las decisiones más importantes. En este sentido, Chile aparece con un bajo nivel de control por parte del Parlamento, ya que de acuerdo a la ley, el Ministerio de Defensa debe informar obligatoriamente al Congreso respecto de las políticas y planes de la defensa nacional, pero el Congreso no tiene poder de veto, ni de proponer o modificar decisiones respecto de la política de defensa.
Chile se ubica en “riesgo moderado” de corrupción en defensa, según un índice elaborado por Transparencia Internacional. Debemos tomar medidas urgentes para evitar que estalle algún escándalo. Las comisiones de Defensa de la Cámara y el Senado cuentan con competencias muy limitadas en comparación con el estándar propuesto por Transparencia Internacional. Asimismo, con respecto al control sobre el presupuesto en ítemes secretos relacionados con la seguridad nacional y los servicios de inteligencia, algo evaluado especialmente en el estudio, también se señala que es insuficiente el nivel de fiscalización que ejercen las comisiones de Defensa del Congreso.
La Ley Reservada del Cobre, en virtud de la cual las Fuerzas Armadas reciben el 10% de las ventas de Codelco al exterior para financiar compras de armamento, es considerada como un aspecto clave que impide una total transparencia financiera en el área de la defensa. En este sentido, Chile daría un paso sustancial con la derogación de dicha ley, la que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso a través del proyecto de ley que “establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional”.
Transparencia Internacional también aboga por la adopción de políticas y mecanismos efectivos y medibles de anticorrupción -aplicables específicamente al sector- por parte de las instituciones de defensa. En la evaluación se señala que no se imparte al personal de las Fuerzas Armadas una capacitación específica sobre riesgos de corrupción y tampoco existen los mecanismos para evaluar la efectividad de las instrucciones internas relacionadas con la prevención de la corrupción. Lo anterior es fundamental, dado el principio del mando y no deliberación propio de las Fuerzas Armadas, lo que hace necesario procesos y normas más exigentes para evitar casos de corrupción. Elementos como denunciantes anónimos protegidos debieran implementarse a la brevedad.
En cuanto a las compras y adquisiciones de las instituciones de defensa, en la evaluación de Transparencia Internacional llama la atención el desconocimiento de la forma en que se toman las decisiones (aunque se hagan por medio del portal Chile Compra), como asimismo el hecho de que se excluyan del sistema de Chile Compra los gastos institucionales, las compras que se realizan con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, o algunos tipos de vehículos militares y bienes y servicios considerados necesarios cuando están relacionados con la seguridad nacional. Si bien se constata la inclusión de pactos de integridad en las licitaciones, no son requisito obligatorio para todas ellas, lo que resulta en que algunos procesos de compras tienen menores estándares que otros. También se señala que no hay certeza ni control sobre la proporción de procesos de compra que se realizan sin competencia o con oferente único.
Por último, en el informe se menciona la existencia de tráfico de influencias y de lobby por parte de autoridades, ex autoridades o terceros relacionados a los organismos de defensa, que actúan como intermediarios o ejercen influencia en compras de armas y equipamiento. Cobra importancia para mejorar los estándares de transparencia en el sector defensa el proyecto de ley que regula el lobby -aún pendiente en el Congreso-, y que éste se incluya dentro de la agenda de transparencia y probidad del gobierno.
Cabe destacar que este instrumento pone al descubierto una serie de debilidades que tiene nuestra institucionalidad para prevenir actos de corrupción en la defensa nacional: por lo mismo, es importante tomar medidas tendientes a corregir esta falencia. Para ello proponemos la formación de un grupo de trabajo que desarrolle un plan de acción tendiente a proponer medidas que puedan ser implementadas, unas en el corto plazo, otras gradualmente. No podemos quedarnos tranquilos ni dormidos.
Contamos hoy con una información valiosa que nos permite avanzar en este tema, lo que debemos hacer con extrema urgencia para evitar que estalle algún escándalo. Hay que cuidar a las instituciones, haciéndolas efectivas y confiables. Este es un tema transversal que nos interesa a todos. Por ello, debemos apoyar los esfuerzos de fortalecer la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en nuestra defensa nacional.